La remoción de la cúpula policial de la ciudad de Jardín América, victoria de la lucha popular del pueblo jardinense ante un hecho que desnuda crudamente el carácter represivo, antipopular, racista, corrupto de la policía provincial, funcional a los sectores de poder mas concentrados de la sociedad. Prácticas que responden a una lógica histórica que sostiene la fuerza y que se profundizaran durante la última dictadura cívico-militar.
Los hechos de Jardín América y la respuesta popular.
En la madrugada del domingo 15 de setiembre, un control policial de tránsito en la localidad de Jardín América resulta en la muerte de dos jóvenes de 20 años que transitaban en moto. El parte policial da cuenta de un accidente de tránsito, mientras los familiares y amigos de los jóvenes fallecidos señalan a la policía, quien en el intento de detenerlos les propina un golpe provocando su caída y muerte.
Según algunos medios de prensa, Sebastián Cristóbal "Baty" Gómez, conductor de la motocicleta pierde la vida en el acto y su acompañante Luis F. sólo recibe golpes menores. Misteriosamente, minutos más tarde, Luis F. conduciendo otra motocicleta impacta contra un poste del tendido eléctrico y pierde la vida también.
En el transcurso de la semana se empieza a hacer notar la indignación del pueblo jardinense, que sale a la calle repetidas veces señalando a la policía como responsable de la muerte de los jóvenes, teniendo hasta ahora su máxima expresión en un escrache y pédrea al edificio donde funcionan simultáneamente la Comisaría de Jardín América y la Unidad Regional IX, el día jueves 19.
Ésta manifestación es duramente reprimida por la policía de Jardín América y por el Grupo de Operaciones Especiales, con un saldo de 19 detenidos, varios menores de edad, que luego denunciarían torturas durante su reclusión. Declaraciones que confirmara el mismo Intendente de Jardín América Oscar Kornoski y el Presidente del Concejo Deliberante de Jardín América Oscar Espíndola, quienes solicitan la remoción de la cúpula policial el martes 24, aduciendo problemas operativos.
La teoría del pueblo que no lucha y la teoría del infiltrado.
La teoría del infiltrado, aquella que pretende deslegitimar cualquier expresión de lucha popular, se viene utilizando desde mucho tiempo contra todo movimiento social u organización política que avance en la lucha, en el señalamiento, en la confrontación. Ésta teoría pretende deslegitimar las luchas nacidas de los sectores populares. Va acompañada indefectiblemente del intento de imponer la idea de que un pueblo no lucha, no define, no se expresa (solamente en el acto electoral puede hacerlo) y deposita en los "infiltrados" (casi siempre foráneos, pretendidamente alejados del pueblo) la generación de los hechos obedeciendo a intereses "ocultos". Los infiltrados siempre son "de afuera", porteños en isiones, extranjeros o de alguna organización a la que convenga en ese momento demonizar, criminalizar.
Las mismas teorías fueron utilizadas en el 2007 en la histórica pueblada de Puerto Piray, donde asambleas populares multitudinarias, paros de trabajadores y cortes de ruta pusieron en discusión el modelo productivo de la provincia, la connivencia de los funcionarios públicos con los intereses empresariales y la posibilidad de encontrar salida a situaciones de opresión desde el lado del Pueblo. Poder popular.
Lo mismo en las movilizaciones y cortes de ruta protagonizados por desocupados y organizaciones barriales en Posadas en distintos años; los escraches y señalamientos en manos de los trabajadores estatales, como la quema de la puerta de la Secretaría de Hacienda de la Provincia en 2009 o las medidas de fuerza tomadas ante la muerte de los trabajadores de limpieza de la empresa SIP Armas en el mismo año; o en otras puebladas como la que en 2006 termina con la quema de la municipalidad de San Vicente a manos de 3000 manifestantes que denunciaban el desfalco a manos de la intendencia de los fondos nacionales destinados a la emergencia económica declarada por la sequía.
Terrorismo mediático.
A primera hora del viernes 20, el Subsecretario de Seguridad Julio Lezken y Director General de Seguridad de la Policía de Misiones Juan Carlos Espíndola, hacen su aparición en distintos medios de prensa, online y radiales, dando la versión oficial de los hechos sucedidos el día anterior, haciendo especial hincapié en diferenciar la "marcha pacífica" de los familiares y amigos y los "hechos violentos", intento de quema de la comisaría incluído, protagonizados por "militantes de Quebracho" que habrían sido detenidos, entre los que habría "porteños de Moreno, Escobar y Saavedra" según una versión y en otra de "Avellaneda, Caseros y Ciudadela".
Éstos dichos de los funcionarios a cargo de Jorge Franco, fueron desmentidos por la organización Quebracho, en un comunicado de prensa girado ese mismo día.
Sin embargo, continuando con la operación que podría calificarse de terrorismo mediático, durante el fin de semana se siguió corriendo la voz por parte del intendente de Jardín América y de medios afines de que Quebracho se estaría preparando para desembarcar en la ciudad para "hostigar a la sociedad", incluso en medios impresos del día domingo se hablaba de un nuevo intento de compamiento de la comisaría, desbaratado por el accionar preventivo de las fuerzas de seguridad.
Torturas a los detenidos, remoción de la cúpula policial, encubrimiento y más teorías: la de los dos demonios.
El día martes 24, el intendente Kornoski y el Presidente del Concejo Deliberante Oscar Espíndola, ofrecen una conferencia de prensa donde solicitan la remoción de la cúpula policial, aduciendo que los jefes no residen en la ciudad, afirmando que "no conocen la realidad de Jardín América, no conocen a los vecinos y muchas veces atacan o detienen a vecinos que jamás han sido delincuentes ni han cometido ningún acto (...) que tenga que ver con todo lo que estuvo pasando en la comisaria estos dias". Echando mano a la remanida y ochentosa Teoria de los Dos Demonios, equiparó el escrache con aerosoles a la comisaria con las torturas recibidas por los detenidos diciendo: "acá repudiamos todo hecho de violencia, sea del origen que sea, por un lado, los daños a la Comisaría, y por otro, las denuncias de maltratos por parte de la policía”.
En el trascurso de la mañana del martes, se da lugar a otra conferencia de prensa, ésta vez protagonizada por el Subsecretario de Seguridad Julio Lenzken, el jefe de la Policía Provincial Comisario General Jorge Munaretto, el jefe de la Unidad Regional IX Comisario General Héctor Rodríguez, el segundo de esa dependencia el Comisario Mayor Juan Carlos Vogler; el titular de la comisaría local Comisario Héctor Sosa y del Comando Radioeléctrico Juan Carlos Mendoza.
Rodríguez expresa: "ponemos nuestros pedidos de remoción a disposición de la comunidad y la Jefatura de Policía”. Lamentó los hechos de violencia responsabilizando a un "grupo minoritario" y destacó el accionar de la policía. Lezken se mostró preocupado en afirmar que "no hay ningún cuestionamiento hacia la cúpula policial de la unidad regional, ni tampoco hacia el proceder de los efectivos”.
Como era de esperarse, ninguno de los participantes de ésta segunda conferencia de prensa hizo mención a las denuncias de los familiares de los detenidos, quienes fueran torturados cobardemente en la dependencia policial.
Confusión de algunos.
No dejaron de faltar en éste panorama, organizaciones que haciéndose eco de los dichos de los funcionarios salieron rápida y oportunamente a repudiar a los "infiltrados"; echando un manto de piedad sobre los policías asesinos y convocando a conformar un Foro de Seguridad, que no es más que una herramienta para poner al pueblo contra el pueblo mismo, siguiendo claramente la receta del responsable de la policía, Ministro de Gobierno jorge Franco. Evidencia más que elocuente de que las teorías anteriormente desarrolladas, la del "pueblo que no lucha", la del "infiltrado", incluso la de "los dos demonios" tienen aún asidero en las cabezas más desprevenidas, ni que hablar de las más oportunistas.
Victoria popular en manos del Pueblo de Jardín América.
La digna y legítima actitud de lucha del pueblo de Jardín América señalando a la policía ante el impúdico asesinato de dos jóvenes es el verdadero motivo por el cual se remueve a la cúpula policial de Jardín América. Ésta actitud de señalamiento a los asesinos es lo que marca la diferencia y hace que éste hecho no sea uno más de la larga y triste lista de víctimas del accionar policial, pone en caja a los funcionarios responsables, que han tenido que utilizar todos los artilugios que tuvieron a mano para contrarrestar el costo político de un accionar policial repudiable por cualquier misionero bien nacido.
Ésta digna actitud de ninguna manera redime el dolor por la pérdida de Baty y Luis, pero dá cuenta de que el protagonismo popular pone en vereda a quienes por acción u omisión, acompañan el proceder de una institución policial por demás corrompida y en disonancia con los avances en la conquista de derechos de los sectores populares.
Gatillo fácil, torturas, represión y odio social.
El asesinato de dos jóvenes por parte de la policía en la madrugada del jueves 15 de setiembre en el marco de un control de tránsito, es un hecho más como muchos otros sucesos oscuros y aberrantes que protagonizara la fuerza pública en los últimos años. Algunas veces como protagonista directa teniendo como víctima sobre todo a jóvenes de sectores populares; otras como encubridora de macabros hechos atribuídos a hijos del poder político y/o económico: Marilyn Bárbaro en Oberá y Silvia Andrea en Campo Viera, asesinatos donde están implicados hijos del poder con complicidad policial; Rosa Yamila Gómez, quemada viva en la Comisaría de la Mujer de Posadas; David Gómez de Iguazú, cuyo cuerpo aparece ahorcado en Puerto Esperanza luego de haber sido levantado por un patrullero; Mario Golemba visto por última vez en una comisaría de Dos de Mayo, continúa desaparecido; David Franco, asesinado en una comisaría de Alem. Sus familiares acusan a la policía de matarlo a golpes mientras la policía habla de suicidio; Marcos Britez, cadete de la policia, internado en terapia intensiva por torturas, maltratos físicos y psicológicos en el Instituto Superior de Formación Técnica Profesional de la Policía de Misiones; Andrés Vargas en Corpus, golpeado por la policía y arrojado desde un patrullero en movimiento. Fallece después de 10 días de agonía; otra vez Campo Viera, una nena de 13 años abusada sexualmente por al menos tres hombres, al acercarse su padre a la dependencia policial habría sido amenazado por un oficial para que no realizara la denuncia; Wasyluk de Villa Bonita Campo Ramón muerto a golpes en una comisaría de Oberá, René Florentín torturado en Iguazú; Maximiliano Zúñiga estudiante chileno golpeado y abusado sexualmente en la Seccional Primera de Oberá; Taty Piñeiro asesinada en 2012 en Puerto Esperanza y Hernán Céspedes, supuesto culpable apresado y "suicidado" en la dependencia policial de Iguazú, antes de dar declaración. Juntos, los padres de ambos exigen justicia y esclarecimiento; Marcelo Paz, postrado de por vida producto de una golpiza en la Seccional Tercera de Posadas, la policía luego de dejarlo al borde de la muerte lo habría llevado al Hospital Madariaga, aduciendo que lo encontraron tirado en la calle, hecho desmentido por muchos testigos que incluso estuvieron detenidos junto a él durante horas sin que se le dé atención médica alguna.
Éstos son sólo algunos de los innumerables casos registrados a lo largo de la provincia en los últimos años. A los que pueden sumarse los también muchos hechos que relacionan a la policía con robos, establecimiento de "zonas liberadas", narcotráfico, desaparición de drogas incautadas, procedimientos fraguados, investigaciones de crímenes que no llegan a ningún puerto, etc.
Según el Ministro Jorge Daniel Franco quien tiene a su cargo la Policía de la Provincia, se tratarían de "casos aislados muy mediatizados" lo que a todas luces es un sistemático proceder de tortura, asesinato, encubrimiento, criminalización de la juventud y la pobreza.
Represión política, persecusión ideológica y criminalización de la lucha popular.
La política de criminalizar la protesta social está vigente en Misiones, no es algo exclusivo "de los 90". El Ministro de Gobierno Jorge Daniel Franco encarna en su persona a lo más antipopular y reaccionario del oficialismo provincial. Ya en 2009 acercaba al Consejo de Seguridad Interior reunido en Buenos Aires, como tema fuera de agenda, la "inquietud" sobre los cortes de ruta proponiendo "mano dura" para su resolución pues según él afectan un derecho constitucional, el de transitar. Es evidente que los demás derechos, como el de salud, vivienda, trabajo, salario digno o el derecho mismo a la protesta frente a su vulneración, no significan para él nada frente al "derecho a transitar de los misioneros" (léase 'capitales empresariales misioneros', principales vulnerados frente a un corte de ruta).
Entiéndase en esa lógica, la necesidad de deslegitimar a los referentes sociales, ocultar los verdaderos reclamos, desactivar las luchas y en última instancia transformar a las organizaciones populares y sus referentes en meros criminales.
Allanamientos compulsivos y causas penales a los referentes de la pueblada de Puerto Piray en 2007; procesamientos a varios referentes de ATE en distintas medidas de fuerza protagonizadas en la provincia, sobre todo en el norte donde se dan las medidas de fuerza más contundentes; procesamiento a Ramona Romero (PO), Ángel Sosa y los padres autoconvocados de Iguazú; Rubén Ortiz y Carlos Di Marco (MSM y CTA) en Montecarlo; Aníbal Zeretzki (PO) en Eldorado; la represión y torturas pos-detención a la CCC en Posadas; el encarcelamiento de Pedro Castellanos referente de la Asociación Cesperos Unidos en el marco de un acampe frente a la EBY; Antonella Scappini y Daniela Fontana de la CTD-Anibal Verón judicializadas por corte de ruta en reclamo de puestos de trabajo y asistencia alimentaria; Inés Lorenzetti de la Unión de Trabajadores Rurales torturada por la Policía en Irigoyen en un conflicto por tierras; los militantes de Quebracho, reprimidos en el marco del señalamiento al Ministerio de Trabajo ante la muerte de 8 tareferos en Salto Encantado, presos y torturados en la Seccional Primera de Posadas en junio de 2013.
